El estudio “Empresas y Estado: Diagnóstico de barreras y oportunidades para la formalización y el crecimiento”, elaborado por Ipsos Perú por encargo de ComexPerú, ofrece algunas respuestas. Tras recoger la experiencia de 1,004 empresas, revela que el 74% considera que recibe menos de lo que aporta al Estado. Entre las grandes empresas, esta percepción alcanza el 91%.
El dato debería llevarnos a una reflexión: la formalidad no puede ser solamente una lista de obligaciones. También debe generar valor y confianza.

Fiscalizar es indispensable. El problema aparece cuando la fiscalización es percibida principalmente como sanción y no como una herramienta para facilitar el cumplimiento.

El 45% de las empresas considera problemático el manejo de fiscalizaciones e inspecciones; en las grandes empresas, la cifra llega al 82%. Además, entre las empresas fiscalizadas por SUNAT, el 49% de las grandes empresas percibe que las inspecciones buscan más sancionar que orientar, frente al 25% de las microempresas. Por ello, el debate no debería ser cuánto fiscaliza el Estado, sino para qué fiscaliza y cómo lo hace.

Una fiscalización orientada al cumplimiento debería permitir corregir errores y prevenir incumplimientos, sin convertir la relación con el Estado en una fuente adicional de incertidumbre.

El estudio muestra que la relación con el Estado se vuelve más compleja conforme crece la empresa. SUNAT, municipalidades y SUNAFIL adquieren una presencia cada vez mayor en la actividad empresarial.

A ello se suma un problema básico de gestión pública: el Estado no siempre aprovecha la información que ya posee. El 39% de las empresas evalúa negativamente su capacidad para evitar solicitar reiteradamente los mismos documentos; en las grandes empresas, esta percepción llega al 80%.

Si el Estado ya tiene la información, ¿por qué sigue pidiéndosela al ciudadano?

Digitalizar trámites no basta. Modernizar significa integrar información, simplificar procesos y reducir cargas innecesarias.

Hacia una nueva formalidad

Formalizar no debería ser una carrera de obstáculos.

El propio estudio plantea una nueva formalidad que facilite la entrada de la microempresa, acompañe el crecimiento de la pyme y ofrezca predictibilidad a la gran empresa.

El desafío, entonces, no es construir un Estado menos exigente, sino un Estado más inteligente en la manera de exigir.

Porque si queremos que más empresas ingresen y permanezcan en la formalidad, debemos preguntarnos no solo por qué algunas permanecen fuera, sino también qué ocurre cuando una empresa decide cumplir.

La respuesta debería ser clara: encuentra reglas predecibles, trámites simples, orientación y servicios públicos que hagan visible el valor de la formalidad.

Cumplir no debería sentirse como un castigo. Debería ser el inicio de una relación de confianza entre el Estado y quienes apuestan por crecer dentro de la legalidad.